Escrito por: María Avilés Navarro

Quiero agradecer este espacio en blanco para compartir unas breves reflexiones sobre la mediación y, en concreto, sobre su capacidad para hacer efectivo el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos, consagrado en nuestra Constitución española.

Son muchos los ámbitos en los que nos relacionamos con las administraciones públicas sobre materias dispares: asuntos sanitarios,  licencias, medio ambiente, contratos administrativos, sanciones, tributos y un largo etcétera.

Cuando surge un conflicto con la administración, en ocasiones, sentimos frustración y nos resulta complicado entablar una comunicación con la misma que haga efectivo ese derecho de  participación.

La mediación ofrece un espacio de escucha,  diálogo y aproximación a las partes que,  de manera voluntaria, acuden a ella. La mediación puede operar tanto en la vía administrativa como cuando el conflicto ha llegado a los tribunales.

Para las administraciones públicas y para la administración de justicia, la mediación constituye una oportunidad de optimizar los recursos existentes, prestar un servicio eficaz, de calidad al ciudadano en aras tanto del interés general, al que sirve la administración, como en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que sin duda, refuerza la imagen, la confianza en nuestras instituciones y contribuye a la dinamización de la economía.

Resulta imprescindible el compromiso e impulso de las administraciones y de los operadores que se relacionan con ella para que la mediación coexista de manera adecuada con el procedimiento administrativo y el judicial, permitiendo, con el máximo respeto al principio de legalidad, acudir en cada caso concreto, a la herramienta idónea para satisfacer los intereses de las partes implicadas, directa o indirectamente, como puede ser la sociedad en general.

Permítame el lector concluir con una referencia al poder transformador de la mediación, tanto en cuanto herramienta de comunicación, al modo de afrontar los conflictos y prevenirlos, así como respecto a la posición ciudadana en los asuntos públicos, contribuyendo a la mejora del sistema en beneficio de todos.

María Avilés Navarro

Letrada de la Administración de Justicia, Doctora en Derecho Procesal y responsable de la Unidad funcional de mediacion en el el orden contencioso administrativo del TSJ Madrid