Escrito por: Eduardo Ruiz

El número 131, correspondiente a noviembre de 2021,  de la revista del Consejo General del Abogacía, está dedicado a la lentitud de la justicia. Después de advertir como, algunos juzgados,  están señalando vistas para 2026, se pregunta el editor dónde se origina el atasco, si hacen falta más medios, si es que nos encanta a los españoles resolver nuestras controversias en los juzgados, o si sería posible agilizar plazos procesales.

Se trata de un debate recurrente, tanto más importante en la medida en que la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación previa de por sí inaceptable.

Denuncia que el alto nivel de judicialización de los conflictos unido a la poca cultura de mediación y de soluciones extrajudiciales, a la falta crónica de medios humanos y materiales y a los problemas estructurales de los órganos judiciales son algunas de las razones que se señalan como causas,  lo cual vendría a suponer una merma del derecho a la tutela judicial efectiva como puso en evidencia el Defensor del Pueblo, antes incluso de la pandemia.

El Consejo General del Poder Judicial, en un reciente informe, indicaba que a final de 2021 se habrá conseguido resolver unos 6 millones y medio de asuntos, cifra  que representaría más de medio millón más que en 2019, pero con  casi 3 millones de asuntos en trámite que sería una cifra similar a la que había al final de 2019,  por lo que se volvería al atasco habitual pre-pandémico. Esto ha estado favorecido por el hecho de que no se ha producido un aumento de la litigiosidad como se esperaba después del confinamiento,  probablemente como consecuencia de la desencanto de los sufridos ciudadanos hacia la administración de justicia.

Por su parte, en su artículo, el magistrado  Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ de la Región de Murcia, señala la “exasperante lentitud en dar respuesta a la entrada de litigios”, llegando a afirmar  que sea cual sea la inversión en nuevos juzgados, esto, per se, no va a reducir los índices de litigiosidad.

Añade que el conflicto no es una patología pero si la judicialización masiva de toda la conflictividad y que,  en una comparativa con 23 países de la OCDE, España evidencia que somos el tercer país con más litigiosidad per cápita solo por detrás de Rusia y República Checa,   aumentando en prácticamente todas las jurisdicciones tanto civil como contencioso administrativa y social manteniéndose solo estable la jurisdicción penal. Sin embargo, mientras  la inversión en justicia en España es de 79,05 € por habitante, la media del resto de países es de 53,57.

Por el contrario,  sí se evidencia que existe un déficit de jueces en nuestro país, -11,2 jueces por cada 100.000 habitantes que resulta  inferior a la media de los países europeos de CEPEJ y de los socios del euro que alcanzan 15,4-, teniendo, sin embargo, casi el doble de funcionarios de justicia que la media de los países del Consejo de Europa, lo que pone en cuestión la solución vía incremento sinfín de recursos por lo que aboga por una solución en la que los medios alternativos tengan un papel relevante superando el modelo cultural actual de solución de conflictos patológicamente orientado a la sistemática judicialización de toda conflictividad.

Subraya la necesidad de acudir más a mediación, institución potenciada a partir de la ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles como vía para encontrar una solución más adecuada al conflicto en lugar del proceso judicial por lo que es necesario un cambio de paradigma. En este sentido, apoya y confía en que la futura ley de medidas de eficiencia procesal sirva de impulso definitivo para lograr este cambio de paradigma. Por todo ello el autor insiste en la necesidad de fomentar el uso de fórmulas alternativas al proceso judicial para conseguir que el litigio no fuera el primer recurso

En el mismo sentido,  Santiago González Recio, Presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo General del Abogacía, recuerda el “compromiso de la abogacía con la búsqueda de soluciones que no pasen necesariamente por los juzgados”, -subrayando el dicho popular de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito- y el compromiso de los abogados con el diálogo y la conciliación aunque muchas veces no sea posible. Subraya que la justicia se ha consolidado como el servicio que peor funciona en nuestro país con diferencia, y se queja del retraso en el señalamiento de juicios, lo que lleva a una dilación  de los plazos judiciales en la mayoría de las jurisdicciones.

Por su parte Juan Carlos Estévez, Presidente del Consejo General de Procuradores,  defiende que la justicia más que aumentar el número de Juzgados necesita una reestructuración acorde con las nuevas necesidades sociales y confía en que la futura ley de eficiencia organizativa resuelva al menos parcialmente estas cuestiones.

Confiemos en que, gracias al apoyo de todas las instituciones, pronto veamos ese anhelado cambio de paradigma, sustentado en la mediación y los MASC, pero, sobre todo, en el cambio de actitud de los operadores jurídicos.    Véanse artículos anteriores.

Eduardo Ruiz

Mediador / Abogado-Economista – Vocal del IMAMM

https://www.mediandoconflictos.es

https://twitter.com/MedConflictos

https://www.facebook.com/mediandoconflictoseconomicos

https://www.linkedin.com/company/mediandoconflictos.es/